El despacho Galán & Asociados celebra una relevante victoria judicial obtenida por la letrada Sra. Galán, quien ha defendido con éxito los intereses de su cliente, El M.H.M, en un procedimiento de desahucio que se ha prolongado durante varios años ante los tribunales de Barcelona.
El procedimiento, tramitado bajo el número 566/2021 y resuelto en apelación por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Recurso de Apelación 1438/2023-J), ha concluido con la desestimación íntegra de la demanda de desahucio interpuesta por la mercantil Divarian Propiedad, S.A., confirmando la sentencia dictada en primera instancia.
Resumen de la sentencia
La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la sentencia que desestimó la demanda de desahucio por resolución de contrato de alquiler, absolviendo a nuestro cliente de todas las pretensiones ejercitadas en su contra. El tribunal ha considerado que la parte actora no acreditó debidamente el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la resolución del contrato de arrendamiento, especialmente en lo relativo a la notificación fehaciente de la extinción del contrato y la obligación de requerir al arrendatario para que acreditase su situación de exclusión residencial, conforme a la normativa autonómica aplicable en materia de alquiler social.
Asimismo, la sentencia destaca que el proceso se ha visto afectado por relevantes cambios legislativos y jurisprudenciales durante su tramitación, lo que ha exigido un profundo conocimiento y actualización constante por parte de la defensa.
Declaraciones de la letrada
La letrada Galán ha manifestado:
«Este resultado es fruto de un trabajo riguroso y de la confianza depositada por nuestro cliente durante estos años de proceso. La sentencia reconoce la importancia de respetar las garantías legales y procesales en materia de vivienda, especialmente en situaciones de especial vulnerabilidad.»
Un proceso de varios años
El procedimiento, iniciado en 2021, ha requerido la intervención de dos instancias judiciales y la defensa de los derechos del arrendatario frente a una demanda de desahucio por expiración del plazo contractual. La resolución, dictada el 28 de julio de 2025, pone fin a un largo litigio y refuerza la posición de los arrendatarios en situaciones de especial protección.
